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Regulación de la subvención del 0,7% a cargo del IRPF. Reconocimiento de las entidades sin fines lucrativos como colaboradoras de las Administraciones Públicas

El Gobierno ha dado el visto bueno al real decreto ley que regula los fines de interés general a que irá destinado el 0,7% de la cuota tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El texto establece que aquellos fines a los que se destina la citada asignación queden encuadrados dentro de unos ejes prioritarios de actuación sobre los que se instrumenten los programas a desarrollar.

Así, estos ejes se circunscriben a: atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria; atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral; fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia; protección del medio ambiente, y cooperación al desarrollo.

Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, estas medidas supondrán un apoyo «muy importante» para el Tercer Sector, que está contribuyendo «de una manera decidida a la resolución de la crisis».

Por otra parte, el Gobierno hace un reconocimiento jurídico del papel esencial que determinadas organizaciones y entidades sin ánimo de lucro tienen a la hora de dar respuesta a las necesidades de la sociedad.

Según el texto, estas entidades colaboran directamente con las administraciones públicas, al tiempo que garantizan la canalización de los fondos públicos imprescindibles para su funcionamiento.

Por ello, se les otorga una especial consideración jurídica como entidades del Tercer Sector colaboradoras con las administraciones públicas.

El congreso ve más lógico una gestión desde arriba para la subvención del 0,7% que una territorializada

¿Desde la lógica social?

Parece mucho más lógico una gestión conjunta de la subvención del 0,7%  que una territorializada. Precísamente estamos hablando de fines sociales, donde se persigue esa labor sin que tenga que ver, o al menos así lo veo yo, con el territorio donde esté domiciliada la persona que hace la declaración de la renta. Se trata de corregir las externalidades que produce este sistema capitalista allí donde las necesidades son mayores y, por qué no, de realizar un efecto de redistribución de quién más tiene a quién más lo necesita. Precísamente eso es algo que esta presente en la declaración de la renta, a mayor nivel de renta, mayor progresividad y mayor contribución. Este principio que todos defienden resulta que de determinados grupos políticos no se ven así en el caso de que esas personas pertenezcan a un determinado territorio. Vamos que si es por escoger, y lo que se trata es de «qué hay de lo mio», yo elijo que se me aplique la progresividad en mi familia, y que si yo pago más que lo reciban mi mujer, hijos, padres, etc.

Debate en el pleno del Congreso

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la propuesta de ERC de exigir al Gobierno su compromiso de territorializar el 0,7 por ciento del IRPF en la declaración de la renta, la casilla destinada a los fines sociales.

Los republicanos catalanes, que han conseguido 34 votos de respaldo del PNV, CiU, BNG, CC, Geroa Bai y Compromis, pretendían con esta moción, consecuencia de la interpelación que el diputado Joan Tardà defendió la semana pasada en el Congreso, que se reconozcan estas competencias exclusivas a las comunidades autónomas, después de las sentencias que así lo avalan del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, según ha defendido de nuevo Tardà.

Además, quería que se trasladara esta medida, de común acuerdo con las comunidades, a las nuevas convocatorias de régimen general y de 0,7 por ciento del IRPF, para el ejercicio actual, a fin de garantizar a las comunidades con título competencial fijar las bases para la distribución y control de los proyectos subvencionados.

En concreto, la sentencia del TC de noviembre de 2011, aunque otorgue la gestión de esos servicios a las corporaciones locales, precisa que es el Estado el que puede determinar el montante que le corresponde a cada comunidad autónoma.

Mientras, la sentencia del TS falló a favor de que las comunidades puedan gestionar los recursos destinados a la casilla de los fines sociales en la declaración de la renta, al estimar un recurso presentado en 2005 por la Generalitat catalana.

Dejar las cosas en su sitio

El diputado del PNV, Pedro Azpiazu, ha señalado por su parte que la moción sólo pretende «dejar las cosas en su sitio» y los recursos que se obtengan del 0,7 por ciento sean gestionados por las comunidades autónomas. «Desde el PNV apoyaremos todas aquellas iniciativas en favor del marco competencial», ha agregado.

Laia Ortiz, de ICV, que ha condenado la represión a los estudiantes en Valencia señalando que el Congreso «no puede mirar hacia otro lado como lo hacen estudiantes valencianos», ha indicado que esta propuesta de ERC representa una reivindicación histórica, además de que las sentencias del TS y del TC instan al traspaso de una competencia «que debe ser catalana».

El diputado de CiU, Carles Campuzano, ha avisado de que sería «muy grave» si el Gobierno no acata una sentencia del TS, a la vez que ha augurado que habrá un día en el que los impuestos de los catalanes sean gestionados por los propios catalanes, ya que, en su opinión, así lo avalan las sentencias y la mayoría de la sociedad catalana.

Por parte del PP, Matilde Pastora Asian, ha mostrado la satisfacción de su grupo parlamentario ante la moción presentada, en cuanto al acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, si bien ha expresado su negativa en cuanto a la transferencia de los fondos del IRPF porque, según ha puntualizado, «constituyen fondos del Estado y tienen título competencial suficiente para hacer su programa de acción social en todo el territorio nacional».

Temor en el Sector de Acción Social y Cooperación en la pérdida de las subvenciones del IRPF

Las principales ONG que operan en España temen que si las Comunidades Autónomas se quedan con la competencia de distribuir el dinero recaudado mediante la casilla para fines sociales del IRFP, como ha fallado el Tribunal Supremo en relación a Cataluña, se pierdan fondos para los proyectos tanto de cooperación como de acción social.

En concreto, la sentencia del TS destaca que es competencia del Estado la regulación de los aspectos centrales de las subvenciones para programas con fines sociales pero «es competencia de la Generalitat su gestión y la tramitación, resolución y pago».

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, Luciano Poyato, ha mostrado su «preocupación» por que el dinero «se pierda o se destine a otros fines» y ha optado por «mantener un sistema, coordinado por la Administración General del Estado, que ha demostrado su eficacia».

En declaraciones a Europa Press, Poyato ha recordado que «las actuales convocatorias que saca la Administración General del Estado pasan por un ámbito consultivo en el que están las ONG», por lo que ese dinero se distribuye «en función de las prioridades» que existen en torno a la exclusión. «Nuestra postura es que si hay algo que viene funcionando, que no se toque ni se paralice», ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que «el gran interrogante es que si se transfiere a las CCAA puede ocurrir que el dinero llegue a la autonomía, vaya a una consejería en concreto y no lo saque en concurrencia pública para las ONG, aunque ese dinero se destine finalmente a otro tipo de proyectos sociales. De esta forma, según Poyato, se estaría saltando «un intermediario fundamental».

Por otro lado, se ha mostrado «preocupado» por que «según esta la situación económica y financiera de algunas comunidades» este dinero «no vaya a la finalidad que debe tener y que las ONG vienen reivindicando desde hace muchísimos años». «Creemos en el mecanismo actual, que está haciendo que los que son pobres no sean más pobres», ha apostillado Poyato, a la vez que insiste en que «el dinero canalizado por las ONG llega siempre a su destino».

Equilibrar las diferencias entre Comunidades

También ha asegurado que «las convocatorias a nivel estatal equilibran las diferencias económicas entre comunidades autónomas». En cualquier caso, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social ha advertido de que «no se va a entrar en una guerra con lo territorial», ya que muchas de las organizaciones del sector tienen unidades territoriales con gran peso dentro de se esquema organizativo.

Otro problema que destaca Poyato es que «si el dinero se descentraliza habría un coste de la Administración General del Estado y después otro de cada Comunidad Autónoma, que debería afrontar el gasto derivado de la gestión para la ejecución de las subvenciones». De esta forma, ha sentenciado, se estaría duplicando la burocracia».

Por último, ha recordado que para el Tercer Sector de Acción Social la campaña del 0,7% es esencial para ayudar al gran abanico de colectivos que las ONG cubren y ha celebrado que «cada año la ciudadanía tiene una respuesta más clara a la hora de destinar parte de sus impuestos a fines sociales».

La AECID nunca se retrasa en los pagos

Para el presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo-España (CONGDE), Eduardo Sánchez, hay que tener en cuenta además, que muchas Comunidades Autónomas tienen retrasos a la hora de ejecutar sus pagos, algo que «nunca» ha pasado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esto, según afirma, «puede hacer que bajen los niveles de calidad en la gestión».

Sánchez ha añadido que existe la «preocupación» de que unos fondos que ya se están aplicando sean sustituidos por esta nueva partida. «Estamos estudiando con detalle la sentencia y las implicaciones que puede tener, pero lo que tenemos claro es que cualquier cambio, si lo hay, no debería suponer que con ese dinero se sustituyan otras subvenciones

Por eso, ha señalado que se debe exigir «transparencia, concursos públicos e igualdad de oportunidades», para que «todo se destine al fin último» que es la cooperación internacional. Asimismo, Sánchez, ha concretado que existe «un plan director» en el que se debe abordar una lista de prioridades en cuanto a las aportaciones. Por ello, ha negado que puedan existir más problemas a la hora de coordinarse con las CCAA.

El presidente de la CONGDE también ha mostrado su temor de que «se pierda» el dinero si son las Comunidades Autónomas con deudas económicas quienes lo gestionan. En cualquier caso, ha recordado que de lo que se recauda de las casilla del 0,7 «sólo se dedica a cooperación aproximadamente el 20%, unos 50 millones al año».