¿Desde la lógica social?
Parece mucho más lógico una gestión conjunta de la subvención del 0,7% que una territorializada. Precísamente estamos hablando de fines sociales, donde se persigue esa labor sin que tenga que ver, o al menos así lo veo yo, con el territorio donde esté domiciliada la persona que hace la declaración de la renta. Se trata de corregir las externalidades que produce este sistema capitalista allí donde las necesidades son mayores y, por qué no, de realizar un efecto de redistribución de quién más tiene a quién más lo necesita. Precísamente eso es algo que esta presente en la declaración de la renta, a mayor nivel de renta, mayor progresividad y mayor contribución. Este principio que todos defienden resulta que de determinados grupos políticos no se ven así en el caso de que esas personas pertenezcan a un determinado territorio. Vamos que si es por escoger, y lo que se trata es de «qué hay de lo mio», yo elijo que se me aplique la progresividad en mi familia, y que si yo pago más que lo reciban mi mujer, hijos, padres, etc.
Debate en el pleno del Congreso
El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la propuesta de ERC de exigir al Gobierno su compromiso de territorializar el 0,7 por ciento del IRPF en la declaración de la renta, la casilla destinada a los fines sociales.
Los republicanos catalanes, que han conseguido 34 votos de respaldo del PNV, CiU, BNG, CC, Geroa Bai y Compromis, pretendían con esta moción, consecuencia de la interpelación que el diputado Joan Tardà defendió la semana pasada en el Congreso, que se reconozcan estas competencias exclusivas a las comunidades autónomas, después de las sentencias que así lo avalan del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, según ha defendido de nuevo Tardà.
Además, quería que se trasladara esta medida, de común acuerdo con las comunidades, a las nuevas convocatorias de régimen general y de 0,7 por ciento del IRPF, para el ejercicio actual, a fin de garantizar a las comunidades con título competencial fijar las bases para la distribución y control de los proyectos subvencionados.
En concreto, la sentencia del TC de noviembre de 2011, aunque otorgue la gestión de esos servicios a las corporaciones locales, precisa que es el Estado el que puede determinar el montante que le corresponde a cada comunidad autónoma.
Mientras, la sentencia del TS falló a favor de que las comunidades puedan gestionar los recursos destinados a la casilla de los fines sociales en la declaración de la renta, al estimar un recurso presentado en 2005 por la Generalitat catalana.
Dejar las cosas en su sitio
El diputado del PNV, Pedro Azpiazu, ha señalado por su parte que la moción sólo pretende «dejar las cosas en su sitio» y los recursos que se obtengan del 0,7 por ciento sean gestionados por las comunidades autónomas. «Desde el PNV apoyaremos todas aquellas iniciativas en favor del marco competencial», ha agregado.
Laia Ortiz, de ICV, que ha condenado la represión a los estudiantes en Valencia señalando que el Congreso «no puede mirar hacia otro lado como lo hacen estudiantes valencianos», ha indicado que esta propuesta de ERC representa una reivindicación histórica, además de que las sentencias del TS y del TC instan al traspaso de una competencia «que debe ser catalana».
El diputado de CiU, Carles Campuzano, ha avisado de que sería «muy grave» si el Gobierno no acata una sentencia del TS, a la vez que ha augurado que habrá un día en el que los impuestos de los catalanes sean gestionados por los propios catalanes, ya que, en su opinión, así lo avalan las sentencias y la mayoría de la sociedad catalana.
Por parte del PP, Matilde Pastora Asian, ha mostrado la satisfacción de su grupo parlamentario ante la moción presentada, en cuanto al acatamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, si bien ha expresado su negativa en cuanto a la transferencia de los fondos del IRPF porque, según ha puntualizado, «constituyen fondos del Estado y tienen título competencial suficiente para hacer su programa de acción social en todo el territorio nacional».